POR CÉSAR DALMASÍ*
cesardalmasi@hotmail.com
El decreto 6/19 que regulaba la licencia de conducir en República Dominicana, sin lugar a dudas y a todas luces era una disposición que violentaba el derecho de las personas envejecientes, rompía y vulneraba el principio de igualdad, además que era absolutamente violatorio a la constitución y las leyes de nuestro país.
El mismo segregaba, y discriminaba a los envejecientes aplicando disposiciones unilaterales y fuera de todo principio científico, en lo referente a la actitud y especialmente a la aptitud de las personas mayores de sesenta y cinco años de edad, el mismo era totalmente prejuicioso y prejuzgaba las capacidades de ese sector poblacional.
No podía ser posible que el INTRANT sin ninguna base ni criterio científico pudiera determinar que todas las personas de sesenta y cinco años en delante, tienen exactamente las mismas condiciones y cualidades biológicas y físicas; porque dos personas pueden tener la misma edad cronológicamente hablando, pero no necesariamente tienen que tener las mismas condiciones físicas, biológicas o sicológicas.
La resolución de aplicación del decreto 6/19 y especialmente el decreto en sí, era totalmente odioso, macabro, repulsivo e incluso de alguna manera ponía de relieve la debilidad institucional, en virtud de que pisoteaba tácitamente la constitución y las leyes y nadie prestaba atención a los reclamos, para hacer valer la fuerza constitucional y de ley en favor de las personas mayores de sesenta y cinco años de edad.
Que bien que el presidente Luís Abinader, haya restituido los derechos del sector poblacional de referencia, en lo relativo a la obtención de su licencia y/o la renovación de la misma; el decreto 6/19 estaba causando ruidos muy desagradables y el lo mipeor ruido hacían desde el INTRANT quienes quisieron justificar lo injustificable.
Hay que recordar que los funcionarios públicos están para resolver situaciones y no para cargar al primer ejecutivo, es oportuno decir también que el referido y derogado decreto data del año 2019 cuando Abinader no era presidente, me va parece bien que se escuchó a periodistas, abogados, jueces y a ciudadanos en el marco general, quienes externaron su protesta e inconformidad con el odioso decreto 6/19.
Aunque algunos funcionarios crean lo contrario, la realidad es que ninguna resolución, ni decreto están por encima de la constitución y las leyes, además que el gobierno de Abinader se ha caracterizado por respetar y valorar la dignidad de las personas y por preservar sus derechos, por tal virtud ha tenido a bien derogar el odioso decreto para que no se continuara discriminando y violando la constitución y los derechos de las personas.
Si se desea fortalecer la seguridad vial, creo que lo mejor sería provocar un cambio de conducta entre los ciudadanos a través de campañas educativas, creando consciencia sobre la peligrosidad de la alta velocidad, no tomar alcohol mientras se maneja, el uso responsable del dispositivo celular, la responsabilidad de mantener su automóvil con las condiciones óptimas y un etcétera muy largo.
A propósito de todo esto, de acuerdo a informes oficiales, los fallecidos por accidentes de tránsito en República Dominicana, oscilan en un rango de edad en donde el primer lugar lo ocupan jóvenes de 21 a 25 años, el segundo lugar lo ocupan jóvenes de 16 a 20 años y el tercer lugar los jóvenes de 26 a 30 años, esas estadísticas hablan por sí solas y en ningún momento menciona a las personas envejecientes.
Realmente los envejecientes son más precavidos y más respetuoso de las leyes y las normas, no únicamente del tránsito si no en todo el sentido de la palabra; la mayoría de los accidentes de tránsito son provocados por motocicletas, entonces el problema de accidentes y de seguridad vial no lo provocan los envejecientes.
*El autor es periodista
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