Por Leonor María Asilis Elmudesi
En un mundo donde el aborto se presenta cada vez más como un derecho incuestionable, la República Dominicana ha dado un paso valiente y coherente con su identidad. Con la promulgación de la Ley 74-25 y la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en agosto de 2026, el país reafirma la protección absoluta de la vida humana desde la concepción. Este no es un retroceso, sino un avance de gran magnitud que prioriza la dignidad de todo ser humano, especialmente de los más vulnerables: los no nacidos.
La historia reciente del debate legislativo dominicano ha evidenciado una lucha intensa en la que, en su mayoría, se ha manifestado la posición pro-vida.
Durante años, grupos minoritarios pro-aborto han pretendido incluir las “tres causales” en el Código Penal: riesgo para la vida de la madre, violación o incesto, y malformaciones graves del feto. Mediante campañas mediáticas buscaron generar la impresión de que la prohibición total era una reliquia arcaica incompatible con los derechos humanos. Sin embargo, el Congreso, respaldado por una fuerte movilización de la sociedad civil, la Iglesia Católica y evangélica, y miles de ciudadanos, rechazó estas excepciones. El resultado es un Código Penal que mantiene el aborto como delito y consagra la inviolabilidad de la vida.
Se podría preguntar: ¿por qué esta posición es tan firme? La respuesta es sencilla: el pueblo dominicano reconoce la humanidad del no nacido, y es justo aclarar que no se trata de una imposición religiosa, sino de una verdad científica y filosófica.
Desde el momento de la concepción, el cigoto posee un genoma único, distinto al de la madre, que dirige su desarrollo hacia un ser humano completo. Negar esto es negar la biología básica. Como afirma la ciencia del desarrollo embrionario, el corazón late alrededor de la semana 6, se detectan ondas cerebrales tempranas y, antes de las 12 semanas, ya hay respuestas sensoriales. El aborto interrumpe deliberadamente este proceso de una vida en curso.
Los pro-vida no ignoran el sufrimiento real de las mujeres. Una violación es un crimen atroz que merece toda la justicia y el apoyo posibles: atención psicológica, protección legal y castigo severo al agresor. Pero convertir al hijo inocente en una víctima adicional no restaura la dignidad de la madre; duplica el dolor. Estudios y testimonios de mujeres que han dado en adopción o criado hijos producto de una violación muestran caminos de sanación y redención, no de eliminación. Del mismo modo, en casos de riesgo para la vida de la madre, la ética médica católica y la práctica actual permiten intervenciones para salvar a la madre (como en embarazos ectópicos), sin intención directa de matar al feto. El principio de doble efecto distingue claramente entre tratar una patología y abortar.
La experiencia de otros países es muy ilustrativa. Donde se abrieron excepciones limitadas, rápidamente se expandieron al aborto por demanda. En América Latina, países que liberalizaron la práctica vieron aumentos en las cifras de abortos y debates sobre “salud mental” o “razones socioeconómicas” como justificantes. La República Dominicana, al mantener una línea clara, evita este salto hacia la cultura de la muerte y obliga a la sociedad a invertir en alternativas: mejores protocolos médicos para embarazos de alto riesgo, redes de apoyo a madres vulnerables, centros de ayuda pro-vida y políticas públicas que promuevan la familia.
Hay quienes argumentan que la prohibición empuja al aborto clandestino y pone en riesgo a las mujeres, pero esta afirmación resulta cuestionable. En primer lugar, la mayoría de los abortos no se producen por las tres causales, sino por otras razones. Además, legalizar no elimina los abortos inseguros; simplemente los normaliza y puede aumentar su número total. La solución real pasa por prevenir embarazos no deseados mediante una educación responsable y una cultura que valore la sexualidad en el contexto del compromiso y de la vida.
Desde la perspectiva pro-vida, el aborto no es un asunto de “autonomía corporal” exclusiva de la mujer. El cuerpo del hijo no es una extensión del de la madre; es un ser humano dependiente con derechos propios. La verdadera libertad no incluye el poder de destruir una vida inocente. Esto se alinea con la Constitución dominicana y con las tradiciones jurídicas que protegen la vida. Reformas recientes en la región muestran un resurgimiento pro-vida cuando la sociedad reflexiona sobre los excesos del individualismo posmoderno.
El nuevo Código Penal protege el bien fundamental: la vida. Celebra la valentía de legisladores que resistieron presiones y de activistas pro-vida que organizaron marchas, vigilias, campañas educativas y momentos de oración. Demuestra que una nación mayoritariamente cristiana puede priorizar valores trascendentes sobre modas ideológicas globales.
Mirando al futuro, el desafío será implementar este marco con compasión.
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